La ley permite modificar la base imponible para recuperar el IVA de facturas incobrables bajo ciertos plazos legales (6 y 12 meses). Al iniciar formalmente un proceso de mediación mercantil calificado, dejas constancia oficial de la reclamación del crédito, sirviendo como soporte clave para justificar el desahucio fiscal del impuesto ante la Agencia Tributaria.